El Ejecutivo Nacional, apenas un mes después de haber introducido (y aprobado) en la Asamblea Nacional el Presupuesto Nacional 2005 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 15%, ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de reducir el gravamen a 13%, y posiblemente ampliar la base de bienes y servicios sobre los cuáles se aplica este impuesto. ¿Tiene sentido una medida así?

La teoría económica puesta en su expresión más simple indica que si un gobierno necesita utilizar el IVA debe implementarlo a tasas bajas y de forma igual sobre todos los bienes y servicios (sin exenciones). De esta manera la decisión eficiente de todos los consumidores en relación con qué hacer con su presupuesto se ve afectada lo menos posible, puesto que con IVA se debería consumir en las mismas proporciones que se consume sin IVA, pero menores cantidades. Según esa fórmula, conviene a la eficiencia general de la economía reducir esa tasa, y aplicarla sobre una base más amplia de bienes y servicios.

Por otro lado, las características que hacen al IVA deseable como impuesto (su relativamente fácil recolección) también lo hacen un impuesto de carácter regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el impuesto sobre el bien consumido es el mismo aunque las rentas de los consumidores sean diferentes, por lo que el IVA total pagado como proporción del ingreso termina siendo menor para quien más dinero tiene, y mayor para quien apenas recibe ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, la reducción del IVA debería reducir la característica regresiva.

Ahora bien, en un presupuesto que presenta un déficit de 5.300 millones de dólares: ¿Qué fuente de ingreso se va a utilizar para sustituir la recaudación esperada de esos 2% en los cuales se está pensando bajar el IVA?. Porque, para estar claros, no se está bajando el IVA como consecuencia de un superávit fiscal proyectado para el 2005, sino para ser sustituido por otra fuente de ingresos. La pregunta clave entonces es cuál será esa fuente alternativa, porque si sus consecuencias económicas y sociales son más perjudiciales que las del IVA, entonces para eso nos quedamos con el IVA a 15%.

La respuesta tiene relación con las demandas continuas y cada vez más agresivas que el gobierno está poniendo sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) para el pago de las “utilidades cambiarias adicionales”. Según esta ficción contable, el gobierno recibiría del BCV 2.2 billones de bolívares (1.100 millones de dólares), una cantidad bastante superior a los 1.72 billones de bolívares (800 millones de dólares) que se dejarían de recaudar de IVA (si se reduce la tasa de 15% a 13%).

Si esa es la verdadera propuesta de fondo, menos IVA y más utilidades cambiarias, los efectos perjudiciales de estas últimas superarán con creces los del primero. En primer lugar porque la inflación que genera el aumento del circulante representa efectivamente un impuesto (a fin de cuentas eso es lo que es la inflación) a todos los que están obligados a tener bolívares. En segundo lugar, porque la inflación como impuesto es igual o más regresiva que el IVA, porque el único que puede escapar de la inflación es aquél que tiene capacidad de ahorrar en dólares o en otra moneda que no pierda su valor con tanta rapidez como el bolívar. Por último, la inflación como impuesto disfrazado no contribuye con la creación de una cultura tributaria.

Un procedimiento familiar, un cambio de nombre, con un resultado también familiar: la nueva institución, política o impuesto que termina siendo bastante peor de lo que teníamos antes.

Miguel Ángel Santos