Cinco premisas básicas

  • La gradualidad no sólo es un elemento necesario para poder realizar un ajuste sostenible desde el punto de vista social, que a su vez le da credibilidad al proceso de reformas, es un requisito indispensable si queremos reformar la economía evitando una nueva crisis bancaria
  • Cualquier sistema que se adopte en transición hacia una tasa de cambio libre debe reducir los desequilibrios que existen actualmente, no acentuarlos.
  • La trinidad imposible (Obstfeld-Taylor): los países pueden escoger sólo dos entre libre movilidad de capitales, tasa de cambio fija, y política monetaria independiente; pero no las tres. En el caso de Venezuela, dada las dificultades previsibles de una transición gradual, y la necesidad de una herramienta clave para manejar las expectativas inflacionarias, la independencia de la política monetaria es fundamental. La libre entrada y salida de capitales es inherente al levantamiento mismo del control, por lo que el candidato a sacrificar es la tasa de cambio fija. Esto quiere decir que dentro del contexto de transición, la tasa de cambio oficial administrada por el Banco Central de Venezuela debe ser flexible.
Superar el mito de que sin control de cambio Venezuela sufriría una fuga de capitales sin precedentes. Durante los treinta años que van de 1983 a 2013, se fugaron de Venezuela 155.200 millones de dólares; y la sobre-facturación de importaciones estimada de forma muy conservadora sobrepasó los 52.000 millones de dólares. Entre ambas, representan más de veinte años de importaciones de comida. Con un sistema cambiario más creíble y una economía abierta, donde se restituya el derecho a la propiedad como institución y prevalezca la ley, Venezuela podría revertir esa tendencia y convertirse en un receptor neto de capitales.



Fase I: Medidas para iniciar el levantamiento del control de cambio

En una primera fase, el gobierno debe dejar claro que el levantamiento del control de cambio es una de sus prioridades. Debe esforzarse por sentar las bases de una nueva relación entre el Estado y el sector empresarial, reestablecer la institución de la propiedad privada, restituir la confianza en las reglas del juego, y garantizar la seguridad jurídica.

  • Crear un Fondo de Inversiones de Venezuela, con el mandato claro de gerenciar el portafolio de empresas públicas no-petroleras y no-financieras, retornándolas a sus antiguos dueños en los casos de expropiaciones; o preparándolas para la venta en esquemas que incorporen a los trabajadores y que deberán ser evaluados de manera individual según las circunstancias de cada empresa.
  • Promover, a través de la Asamblea Nacional y como parte de un acuerdo político, un cambio tanto en la Presidencia del Banco Central, y a partir de allí, renovar el Primer Vicepresidente Gerente, demás miembros del Directorio; el nuevo equipo debe estar conformado por profesionales de reconocida trayectoria, estudios reconocidos en economía, y capacidad de generar confianza, comenzando por la publicación inmediata de las estadísticas económicas que han sido suspendidas efectivamente desde finales del año pasado y la suspensión de los traslados de reservas internacionales a fondos parafiscales.
  • Revertir la reforma del Banco Central de Venezuela de 2005 (Gaceta 38.232 del 20 de julio de ese año), a través de la cual se eximía a PDVSA de vender los proventos de las exportaciones petroleras al Banco Central; PDVSA debe liquidar todas sus divisas en el Banco Central de Venezuela, con la excepción de un fondo rotatorio que incluya sus compras en divisas e inversiones en equipos denominadas en moneda extranjera del ejercicio fiscal.
  • Eliminar el Fondo de Desarrollo Nacional, el Fondo Chino, y los demás fondos en bolívares y moneda extranjera que han absorbido más de 150.000 millones de dólares y sobre los cuales no existen mecanismos de rendición de cuentas, y consolidar nuestras reservas en divisas en el Banco Central de Venezuela, y la gestión fiscal en el gobierno central.
  • Reducir el déficit fiscal, a través de la reducción de gasto público, muy particularmente el gasto en bienes transables: Aún a pesar de la caída en los precios del petróleo en 2015 Venezuela registró un gasto público consolidado (gobierno central, PDVSA, FONDEN y Fondo Chino) de 40% del PIB, de los mayores de América Latina; y de igual forma, el Estado ha venido incrementando su participación en importaciones hasta alcanzar 45%
  • Para reducir gradualmente el déficit minimizando los impactos recesivos, es fundamental recortar el componente externo del gasto del gobierno (y muy particularmente el gasto militar), y permitir que sea el sector privado quien lo sustituya en términos de importaciones a precios relativos más eficientes
  • Tras anunciar estas medidas, el gobierno puede proceder a legalizar el mercado paralelo y unificar la tasa de cambio oficial
  • La tasa de cambio oficial debe ser de naturaleza flexible, en función de las diferencias de inflación entre Venezuela y sus principales socios comerciales, y debe ser administrada directamente por el Banco Central de Venezuela a través de un sistema de subastas diarias de dólares a la banca nacional
  • En las primeras de cambio la tasa de cambio oficial debe estar restringida a importaciones, manteniéndose cerrada para las transacciones de capital, que podrían ser ejecutadas legalmente a través del mercado paralelo
  • Durante el período en que prevalezca la tasa de cambio dual, el gobierno implementará un sistema de verificación aleatoria de importaciones ex post, para restablecer con mayor celeridad los flujos comerciales
  • Renegociación de la deuda comercial con proveedores y suplidores internacionales: Dada la enorme dependencia de importaciones que exhiben la producción y el consumo nacional, no será posible promover la recuperación hasta que no se reestablezca el crédito comercial de Venezuela. Se sugiere un esquema sencillo, que procure dar prioridad a los importadores de bienes intermedios y finales de consumo que han sido forzados a vender a precios regulados; y que al mismo tiempo excluya a las numerosas compañías de maletín que han realizado importaciones ficticias o sobre-facturadas.
  • El gobierno debe solicitar a los gobiernos de los países con los que se tienen las mayores deudas comerciales una lista de exportadores (a Venezuela), deuda acumulada, así como también un conjunto de registros: 1) registro fiscal de la compañía, historia, procedencia, 2) manifiestos de exportación a Venezuela, 3) prueba de recepción de mercancía, 4) descripción de la naturaleza de la mercancía y sus correspondientes precios.
  • La idea es proponer a los gobiernos de estos países que se conviertan en los primeros filtros de las solicitudes que serán atendidas, identificando así en una primera capa a los importadores ficticios y sobre-facturadores
  • Las deudas resultantes de este proceso deben ser categorizadas como de alta prioridad (compañías multinacionales con las cuales la República desea mantener una relación comercial que han estado forzadas a vender a precios controlados), prioridad media y prioridad baja
  • A partir de allí, se propone hacer un pago mensual de la deuda que vaya entre 1% y 2% del principal, que poco a poco vaya amortizando la deuda sin intereses. La pérdida de valor que sufra la acreencia en el período proyectado de pago sin intereses (1% mensual, son 100 meses, algo más de 8 años), será el equivalente al haircut que sufrirán estos acreedores.
  • Dependiendo de las prioridades que se hayan definido en el punto anterior c), se propone ubicar la compañías dentro de la siguiente tabla, con las más prioritarias recibiendo mayores % de pago en menos tiempo (y en consecuencia menos haircut), al contrario de las menos prioritarios.
f)En la medida en que la República documente esa deuda y se empiecen a realizar los pagos mensuales, no importa cuán bajos, se empezará a reestablecer gradualmente la credibilidad y el crédito comercial que Venezuela ha perdido.


P.D. Asumiendo inflación USA 2,00% anual.

Aún en el peor caso, asumiendo que la deuda de CADIVI es US$25,000 millones, y que toda se incluye en el esquema de pagar cuotas de 1,5% (del total de la deuda, no interés, en éste esquema no hay intereses), los pagos para la República serían 1,50%*25,000 millones = 375 millones de dólares, o el equivalente a 1,500 millones de dólares anuales, por el equivalente de 16,67 años.


Fase II: Levantamiento del control de cambio

El levantamiento definitivo del control de cambio dependerá del desenvolvimiento de la economía durante la Fase I, y muy particularmente del beneficio de la duda que los mercados internacionales, en términos financieros y comerciales, le otorguen al gobierno. En principio, la idea es deslizar la tasa de cambio oficial e ir incorporando la liquidación de divisas a tasa oficial para operaciones de capital de manera gradual, hasta que ambas tasas converjan. La expectativa de una tasa oficial cada vez más incluyente en términos de usos podría actuar como un inhibidor a la adquisición de divisas en el mercado paralelo legal. La clave para que durante este proceso la brecha entre ambas tasas se reduzca gradualmente está en la reducción del déficit fiscal: Venezuela debe marchar hacia una consolidación y racionalización fiscal, basada en una reducción del gasto militar, en una gestión más eficiente del gasto público, y en una vigorosa recaudación fiscal no petrolera sobre la actividad económica privada que resurgiría a raíz de la transición. Si no se corrigen los desequilibrios fiscales (el déficit proyectado para 2015 supera los 20% del PIB), la posibilidad de hacer converger el mercado cambiario de forma gradual y parsimoniosa hacia una tasa única y libre se reduce considerablemente.


Miguel Ángel Santos