Hay dos rasgos fundamentales que caracterizaron la política económica de los últimos ocho años: Sigue los lineamientos de todos los gobiernos de Venezuela posteriores a 1973, y es práctica.

Que haya seguido los lineamientos de los cinco gobiernos anteriores implica varias cosas. En primer lugar, no se ha detenido la caída en la inversión privada. En segundo lugar, se aprovechó la relativa bonanza petrolera para acelerar el gasto público, superando inclusive la tendencia creciente del propio ingreso petrolero, y dando a lugar a déficit fiscales. En tercer lugar, para evitar la inflación en una economía con demanda creciente y sin inversión, se promovieron importaciones masivas. Así fue posible que el consumo creciera muy por encima de la producción local. Las importaciones baratas asfixiaron nuestra industria, lo que a su vez nos hizo más dependientes de las importaciones. Por último, debido a la baja inversión, no se crearon puestos de trabajo de manera significativa. El Estado (mientras el petróleo lo permita), la informalidad y el desempleo, absorbieron el crecimiento anual de nuestra fuerza de trabajo.

Los gobiernos anteriores vieron interrumpida esta secuencia por caídas en los precios del petróleo. Cada cuatro o cinco años se hizo evidente el divorcio entre nuestros niveles de consumo y los de producción. La devaluación vino a frenar las importaciones y ayudó a cuadrar el presupuesto nacional (más bolívares por los mismos dólares). Debido a la fuerte dependencia de la economía de las importaciones, esas devaluaciones generaron estragos en términos de inflación y desempleo.

La segunda característica: El pragmatismo privó sobre la ideología. El gobierno, en Febrero de 2002, reaccionó a la caída de los precios del petróleo venezolano del último trimestre de 2001 induciendo una devaluación de 45%, aumentando la tasa del IVA, implementando el IDB, y anunciando un recorte del gasto (que no se produjo). El FMI no lo hubiese hecho mejor.

Practicidad ha existido también en CADIVI, que nació bajó la figura del torniquete, del control, para luego dar paso a autorizaciones de divisas a tasa oficial que no tienen precedentes en nuestra economía y que alcanzaron su punto máximo (164 millones de dólares diarios) en diciembre pasado. El gobierno ha reconocido que la única manera de no generar inflación en un país sin inversión privada y con un gasto público creciente, es importando.

Práctica ha sido también nuestra relación con los Estados Unidos, que con 51% del total de nuestras exportaciones e importaciones, sigue siendo nuestro principal socio comercial; seguido muy de lejos por Colombia (otro país con el que no hemos tenido las mejores relaciones).

Ahora bien, si hay algo que el gobierno asoma con el paquete de medidas de enero es un esfuerzo por alinear su discurso político con la política económica, un deseo de comenzar a ensayar sus propias prescripciones.

En los capítulos iniciales de los libros básicos de economía, esos que uno lee impregnados todavía por el olor a pulpa de papel, una advertencia frecuente en relación a esta disciplina como ciencia es la dificultad, acaso imposibilidad práctica, de realizar experimentos. En economía no hay ratas de laboratorio, no hay realidades creadas en abstracto, no hay tubos de ensayo. Ahora bien, en algunas ocasiones en la historia, una concentración anómala de poder ha abierto oportunidades para realizar experimentos con la realidad. Eso es lo que pareciera estar ocurriendo en Venezuela.

Después de pasar tres años promoviendo el aumento del consumo vía importaciones, de haber asfixiado a los productores locales con bienes traídos del exterior en condiciones de evidente desventaja, se anuncia ahora la intención de restringir las importaciones. Se ha comenzado por cerrar la venta de divisas a algunos rubros puntuales, materiales de empaque, promoción y auto-partes entre ellos, por citar sólo algunos casos concretos. La razón: Esos bienes pueden ser producidos en Venezuela. ¿Y eso no era cierto también hace tres o cuatro años? Peor aún, ese esfuerzo por sustituir importaciones por producción local se hace no sólo cuando la inversión privada se encuentra en su punto mínimo, sino también en medio de un discurso que amenaza con eliminar los ya de por sí escasos incentivos que existían para invertir en Venezuela. El Estado, con base en unas exportaciones petroleras de 12.500 bolívares por habitante por día, piensa que puede mantener todo el aparato productivo (Magallanes incluido) a punto de subsidios directos.

La consecuencia ha sido inmediata: Bienes ausentes de los anaqueles, fuertes aumentos de precios, y una presión sobre el mercado paralelo que lo ha llevado a superar los 4.000 bolívares por dólar. Más aún, en ausencia de divisas oficiales para ciertos sectores, la tasa paralela (todavía legal) se ha convertido en verdadero marcador de precios, aumentando así las presiones inflacionarias.

Todo este nuevo escenario, toda esta ansia por ensayar las soluciones propias y experimentar con la realidad, se ha montado en un país que con importaciones récord, con tasa de cambio fija (sin devaluación), y con controles de precios, cerró el 2006 con la tasa de inflación más alta de América Latina (17%), y con una inflación de alimentos que supera el 28%.



¿Sabía Usted que…

  • En 2006 la inflación que sufrió el 25% más pobre de la población fue 19,8%, mientras la inflación del 25% más rico fue de 15,9%
  • En 2006 la inflación registrada en alimentos y bebidas fue 26,9%
  • Las importaciones del año pasado (31.344 millones de dólares) son un récord absoluto para la economía venezolana
  • Como porcentaje de nuestra economía, nuestro nivel de importaciones (19%) apenas es superado por el que teníamos antes del viernes negro (22%)

Miguel Ángel Santos