Es difícil saber qué es más tortuoso en Venezuela: Abrir un negocio o salir de él. En el primer caso la palabra tortuoso se ajusta mejor que costoso: Según el estudio de Haciendo Negocios 2005 del Banco Mundial, en Venezuela registrar un negocio requiere 13 procedimientos distintos, que en conjunto demoran unos 116 días. El promedio de América Latina es 12 procedimientos que toman 71 días. En el África Sub-Sahariana se requieren 11 procedimientos que toman en conjunto 64 días. Abrir un negocio aquí es más complicado y burocrático que en cualquier otro lugar del planeta. En contraste, para ser justos, el costo de registro se encuentra entre los más bajos.

Ahora bien, la dificultad y el costo de cerrar y salir de un negocio le hacen fuerte competencia al vía crucis de la apertura. Veamos por ejemplo el caso El Charcote. Desde Diciembre 2004 la Gobernación del Estado Cojedes le había puesto el ojo al hato. En Marzo 2005, el INTI informó que no reconocería la propiedad privada sobre este activo, dado que los documentos exhibidos por los “representantes de estos predios” (la terminología no es casual, esquiva el uso de cualquier vocablo asociado a propiedad) no los acreditaban como legítimos dueños. Todo esto denunciado, con certeza y a viva voz, por los mismos que pregonan la “información veraz”. Ningún “creo”, ningún “todo parece indicar”. Sólo la certeza del “yo voy a estar aquí por siempre”.

Y he aquí que, luego de un año de idas y venidas legales, de la intervención del Presidente y de la creación del método “Chá-Az”, se anuncia que ambas partes han llegado a un “acuerdo”. Ahora la dirección del INTI reconoce el carácter privado del hato. Ni una disculpa, ni un solo comentario sobre las acusaciones que se prodigaron a lo largo de todo un año, ni un solo desagravio. Todo un tributo a la información veraz. Otra vez esa frescura.

La foto de la correspondiente rueda de prensa en que se anuncia el cierre del acuerdo es una historia en sí misma. El Ministro de Agricultura y Tierras es toda fluidez, toda versatilidad, todo convencimiento. A su lado, el representante del grupo británico Vestey, los labios apretados, la mirada de impotencia, de indefensión, el traje desarreglado, da la impresión de que no ha hace sino deslizarse, se hunde en la silla.

Los términos del acuerdo: Los avalúos con que contaba Vestey de El Charcote se encontraban entre 7 y 21 millones de dólares, el precio final (indemnización) apenas supera los 4 millones. Como parte de la negociación para obtener este “jugoso” precio, Vestey donó al gobierno el fundo San Pablo Paeño en Apure, 43 mil hectáreas, con todas sus bienhechurías e instalaciones incluidas.

El procedimiento seguido ha rendido sus frutos. El representante de Vestey debe haber vuelto a casa frustrado, pero portando la buena nueva de que algo ha sido rescatado dentro de lo que aparentaba ser una pérdida total y absoluta.

Quizás a Vestey le fue mejor que a otros que vinieron antes, acaso le haya ido mejor que otros que vendrán después. Según el estudio del Banco Mundial citado el comienzo, Venezuela es el país con la peor legislación de bancarrota que existe sobre la tierra, con una tasa de recuperación de apenas 5 centavos por cada bolívar de activos presentes al momento de la quiebra.

Mientras tanto, todavía hay quienes observan la cifra de inversión extranjera del año pasado, 1.500 millones de dólares incluyendo petróleo, con una mezcla de escepticismo e incredulidad. Todavía hay quienes piensan que Venezuela sigue siendo una oportunidad dorada consistentemente pasada por alto por los inversionistas. Como si una cosa, no tuviese nada que ver con la otra.

Miguel Ángel Santos