Las desavenencias entre PDVSA y ENI ya llevan meses ocupando espacio en la prensa. Uno lee los titulares y pasa la página, pretendiendo no haber prestado atención. Sin embargo, las líneas en negritas siempre encuentran camino hacia la conciencia: Embargo contra petrolera ENI-Dación se hace efectivo hoy, PDVSA asume campos de ENI, ENI estudia acciones legales contra PDVSA, ENI abre plazo para negociar con Venezuela. Todo el mundo repite los titulares, pero pocos se dan a la tarea de averiguar de qué se trata. Según una breve e informal encuesta, esta actitud se debe a una combinación de varios factores: 1) El tema de la apertura petrolera y su involución es muy complejo, yo no conozco los antecedentes ni los cambios propuestos; 2) Las compañías petroleras extranjeras no se interesan por el país, ellas sólo están pendientes de su dinero, y 3) Es un hecho triste, pero consumado, no hay nada que yo pueda hacer al respecto.

Vamos a tratar de hacer un pequeño aporte por la primera de estas causas, que ya es bastante. El campo petrolero en donde trabaja ENI, Dación, está siendo explotado desde los años cincuenta. En el proceso de apertura petrolera de 1998 se le otorgó una concesión de extracción a la compañía LASMO, por un valor de 453 millones de dólares. En el año 2000, ENI adquirió LASMO, y con ella sus derechos sobre Dación, que empezó a operar a partir del 2001.

La versión más simple de la naturaleza de un convenio operativo es la siguiente: La empresa operadora extrae el petróleo y lo envía a PDVSA para que ésta realice su comercialización. Si de la actividad de extracción resulta una pérdida, corresponde a la compañía operadora cargar con ella en su totalidad. Sólo si de la actividad de extracción resulta una ganancia, deducidas las regalías y el pago de impuesto sobre la renta, empieza la operadora a generar rentabilidad.

Las inversiones realizadas por la operadora son aprobadas por PDVSA, y a la finalización del contrato pasan a ser propiedad de ésta. Estos contratos tienen una fase inicial de inversión acelerada, y una fase de maduración. De ocurrir un colapso sostenido en los precios del petróleo, esa fase de maduración podría ser muy lenta, o eventualmente no ocurrir jamás. El paso del tiempo ha demostrado que ese escenario no se produjo, en consecuencia, quien corrió con el costo de las inversiones y con el riesgo, debe recibir a cambio una rentabilidad acorde con esos niveles de exposición.

Pero ahora que el futuro ha llegado, vistos los precios del petróleo, el nuevo estado venezolano ha decidido que no se pueden permitir esos niveles de rentabilidad. Comenzando por subir la regalía de 16% a 30%, el ISLR aplicable de 34% a 50%, ha terminado con la ocupación efectiva de los campos y la solicitud olímpica de 60% de los beneficios por los 12 años que restan de contrato.

PDVSA está en su derecho de proponer una revisión de los contratos a la luz de las nuevas realidades. Pero esa revisión debe ser concertada con el operador y contemplar alguna compensación razonable. Por ejemplo, el valor en dólares de hoy de los 12 años restantes de contrato de ENI está estimado en más de 950 millones de dólares. Tomar los beneficios anuales y rebanarles 60% tiene por fuerza lógica que tener una contrapartida.

En lugar de eso, PDVSA amenaza con aplicar la Ley de Hidrocarburos aprobada recientemente, con retroactivo, y al caso de un contratista de servicios (no de un propietario, como sería el caso de la Faja). Durante las “negociaciones”, la frase que más se escucha del lado oficial es aquella de “acuérdense que ustedes están operando esos campos en situación de ilegalidad”. La consigna ya familiar de “dale gracias a Dios que te estoy dejando el 40%, en vez de quejarte porque me estoy llevando el 60%”.

Miguel Angel Santos