La celebración del Día del Trabajador encuentra a Venezuela en una situación muy particular. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2004 y 2005 el sustento de un millón y medio de venezolanos (1.490.578) pasó a depender en forma directa del Estado. Casi un millón (990.581) fue incorporado por el INE a la categoría de “Inactivos”, es decir, no están ocupados ni tampoco desocupados, simplemente no tienen disposición a trabajar.

Una comunicación que recibí de Elías Eljuri (enero, 2006), me confirmó que esa anormalidad estadística se debía a la práctica de considerar “inactivos” a quienes participan en las misiones educativas. El otro medio millón (499.997) correspondía a incremento en la nómina de empleados públicos. En ese mismo período (2004-2005), el número de empleados en el sector privado creció en 321.219, destacando la pérdida de 152.559 puestos en 2005.

Este conjunto de estadísticas tiene mucho en común con la percepción general que uno se hace a fuerza de transitar diariamente por los pasillos de la economía venezolana. La fuerza laboral sigue creciendo, la inversión y el empleo privado continúan estancados, y el único camino de salida para esquivar la informalidad o el desempleo es, de una u otra forma, la nómina del Estado. Los canales de las misiones de la quinta amenazan con desembocar en el mismo sitio en donde lo hicieron los planes de empleo de la cuarta: La informalidad y el desempleo. En Venezuela, ambas condiciones guardan una estrecha correlación con la pobreza.

La política de empleo carece de sentido económico, tiene sustento en la preeminencia del objetivo político. Se impone gradualmente la figura del gran empleador. Acercarse a ese gran benefactor exige sacrificios. Ahora bien, no existe renta petrolera capaz de sostener de forma decente, a punta de transferencias, a todos los venezolanos. Los 58.438 millones de dólares de exportaciones petroleras registrados en 2006, un año de extraordinaria bonanza, son una fabulosa cantidad para un gobierno, no para un país.

Si el petróleo no tuviese costo, si no le regaláramos nada al exterior, si la corrupción no existiese, si el gobierno no mantuviera las misiones y no existiesen gastos en el sistema de salud y educación, a todos nos tocarían 12.500 bolívares diarios por persona. A punta de petróleo, sin promover la inversión y el empleo privado, no será posible recuperar el déficit de atención social de Venezuela. El país, más que un problema de distribución, tiene un problema grave de creación de riqueza. Si se ahogan las fuentes de producción, si se acaba con la inversión privada, vamos a terminar distribuyendo la miseria de forma más equitativa. En la medida en que se continúe extinguiendo el empleo privado, en esa medida se acelerará el colapso del modelo político basado en el gran empleador.

¿Qué hacer?

Todo este ambiente que rodea el primero de mayo obliga a los gremios de trabajadores a pensar bien cómo conformar sus pliegos de peticiones esta vez. Como dijera Santa Teresa: Hay más lágrimas derramadas por las plegarias escuchadas, que por aquellas que no han sido escuchadas. En este sentido, quisiera sugerir tres vertientes de peticiones.

En primer lugar, la defensa de sus puestos de trabajo. A pesar de la orientación decidida del gobierno, todavía existen 8 puestos de trabajo formales por cada 2 puestos de trabajo en el sector público. La crisis de CANTV, la pérdida en el valor que se ha causado a la participación accionaria de los trabajadores, ha dejado muy claro que a veces el Estado se puede comportar bastante peor que un patrono privado avaro y caprichoso. Otro ejemplo: La política del gobierno de combatir la inflación a punta de importaciones baratas, que está provocando la huida de muchas empresas productivas hacia nuestros países vecinos. Después de todo, es más fácil producir afuera, importar a 2.150, aumentar el precio de los productos con la inflación venezolana, y luego repatriar las ganancias a dólar de 2.150. Sin facilidades de producción, se reducen también los riesgos de intervención, estatización, confiscación, o invasión de propiedad privada. Desde hace tiempo el segundo producto de exportación venezolano son los puestos de trabajo.

En segundo lugar, defender aquellos intereses que van más allá de los aumentos de salario. La política de control de cambio y tasas de interés reales negativas beneficia al gobierno como el principal deudor en moneda local, a la vez que destruye el valor real de las prestaciones sociales de los trabajadores. En los últimos cuatro años, la tasa de interés compuesta que han devengado las prestaciones sociales se encuentra 11% por debajo de la inflación registrada.

Por último, los trabajadores pueden tomarle la palabra al gobierno, que sigue hablando de micro-empresarios y promoción de pequeños negocios, para invitarlo a implementar una verdadera política de promoción a la micro-empresa. El problema de esta vertiente es que lleva muy poco tiempo darse cuenta de que todos los factores que obstaculizan la actividad de grandes empresas, la inseguridad, la inflación, las importaciones baratas; son los mismos que ahogan las iniciativas de los micro-empresarios.

¿Sabía Ud. que

  • en los últimos ocho años, a pesar de la bonanza petrolera, el salario mínimo en términos reales ha crecido un promedio de 0,71% anual?
  • para disfrutar de un incremento en el salario mínimo, primero es necesario tener un empleo formal: 52,4% de la población activa se encuentra desempleada o pertenece al sector informal?
  • el porcentaje de familias pobres (47,8% según la canasta básica tradicional, 39,7% si se utiliza la canasta modificada en 1999) guarda una relación muy estrecha con el porcentaje total de la población en situación de desempleo e informalidad?
Miguel Ángel Santos