La semana entrante celebra su día un trabajador distinto al de hace unos años. Entre 2004 y 2005, 990.581 personas pasaron a formar parte de la categoría de inactivos. De acuerdo con el INE, son participantes en misiones educativas, por lo que no se consideran parte de la fuerza laboral (no están ocupados, pero tampoco desocupados). Además, la nómina de empleados públicos aumentó en 499.997 personas, una cifra sin precedentes, ni siquiera en la gloriosa época de los ascensoristas y cuidadores de baño. En conjunto, son 1.490.578 personas - en apenas 24 meses - cuyo sustento ha pasado a depender en forma exclusiva del Estado. En ese período, el número de empleados en el sector privado creció en 321.219, destacando la pérdida de 152.559 puestos en 2005. No he vuelto a recibir un informe acucioso y exhaustivo que acostumbraba enviarme la Gerencia de Relaciones Institucionales del INE a comienzos de cada año, pero 2006 no debe haber sido muy diferente.

Quienes intervienen en las misiones educativas, más allá de las calificaciones que reciban en el bachillerato-express, no tienen otra posibilidad de transición formal que no sea el propio sector público. El empleo privado no crece, entre otras cosas porque la inversión en el sector se mantenía al mínimo la última vez que fue posible asomarse a la estadística (antes de que al BCV se le ocurriera considerar los carros, las neveras y los DVDs importados como formación de capital). Los canales de las misiones amenazan con desembocar en el mismo sitio en donde lo hicieron los planes de empleo de la cuarta: La informalidad y el desempleo.

A los empleados públicos no les ha ido nada mal. De acuerdo con el BCV, en los últimos tres años han disfrutado aumentos salariales de 38%, 27% y 30%, mientras sus contrapartes en el sector privado han recibido 17%, 16% y 15%. Con una inflación acumulada de 59% en tres años, los trabajadores públicos han experimentado una mejora salarial compuesta de 67% por encima de la inflación, mientras los trabajadores del sector privado han perdido 2,4% de su poder adquisitivo. Una estadística difícil de interpretar, y más difícil todavía de sostener.

Todos los que cuentan con un empleo formal están sufriendo las consecuencias de algunos mecanismos de financiamiento que utiliza el Estado: La destrucción del valor real de las prestaciones sociales. En los últimos cuatro años la tasa de interés a la cual crecen esas prestaciones se ubicó en términos compuestos 11% por debajo de la inflación.

La política de empleo carece de sentido económico, tiene sustento en la preeminencia del objetivo político. Se impone gradualmente la figura del gran empleador. Del único protector. Acercarse a ese gran benefactor exige sacrificios. Para muchos, escoger pensar de forma libre por encima de comer, de sobrevivir, no es una alternativa. Pero no hay renta petrolera que alcance para dar empleo decente a los 12.323.877 venezolanos que tienen edad y disposición de trabajar. En la medida en que se continúe extinguiendo el empleo privado, en esa medida se acelerará el colapso del modelo político basado en el gran empleador. Visto así, no parece que haya ninguna buena razón para celebrar el próximo martes.

Miguel Ángel Santos