La reciente aprobación de la Ley del BCV en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional hace propicio el ambiente para hacer algunas reflexiones relativas a la teoría y práctica de la hiperinflación. Antes que nada conviene aclarar que la definición concreta de hiperinflación corresponde a una variación de precios mensual superior a 50% (equivalente a 13,000% anual).

Definido así, este fenómeno se presentó 15 veces durante el siglo XX, cinco de ellas (las más recientes) en América Latina. Anteriormente era muy difícil que se registrara una hiperinflación, porque los patrones de emisión de dinero exigían que existiese respaldo en metales preciosos a toda impresión de papel moneda (intrínsecamente sin valor). Este hecho no prevenía completamente contra la inflación, pero sí requería para su existencia la acumulación de metales preciosos a un ritmo mayor del crecimiento en la producción de bienes.

En América Latina la hiperinflación ha sido la consecuencia de financiar déficit fiscales (típicamente causados por shocks externos o internos) imprimiendo dinero. La debilidad del gobierno para recortar el gasto corriente y racionalizar el déficit lo lleva en primera instancia a recurrir a más deuda externa e interna. El deterioro en los índices de endeudamiento encarece la obtención de más deuda, lo que obliga al gobierno a iniciar el financiamiento monetario en pequeñas cantidades, y a fijar el tipo de cambio para tratar de contener de forma artificial la inflación. Mientras más dinero se imprime, menos vale ese dinero. Este proceso continúa hasta que el tamaño del déficit a financiar alcanza (según la experiencia) 10–12% del PIB.

La reforma de la Ley del BCV, y muy particularmente la entrega de reservas (dólares) cuya contrapartida en bolívares ya está en la calle, pone a Venezuela en las puertas de este proceso. Es falso que esas transferencias no traerán efectos inflacionarios, por el simple hecho de no serán reconvertidas (por segunda vez) en bolívares, sino gastadas en dólares. A efectos de los orígenes de la hiperinflación, es exactamente igual alterar en 27% el tipo de cambio implícito (bolívares/reservas) disminuyendo el denominador (sacando del BCV 6.000 millones de dólares), o dejando intactas las reservas y aumentando el numerador (imprimiendo 27% más de bolívares). El resultado es el mismo.

También es falso que esta reforma traiga consecuencias hiperinflacionarias inmediatas. Venezuela todavía cuenta con muchos dólares para secar – qué absurdo – bolívares vía importaciones baratas y salidas de capital públicas (fondos de ahorro en dólares) y privadas (repatriación de utilidades). Los niveles de deuda, en franco deterioro, todavía son “aceptables” en comparación con otras economías de la región. Esto es simplemente una puerta, un precedente, que preocupa porque está siendo creado y ejecutado en ausencia de shocks externos, en un momento en el que los precios reales del petróleo se encuentran en su punto más alto de los últimos veinte años. No en vano la fórmula que ha tomado la transferencia de reservas en la nueva Ley del BCV reza “no menos de 5.000 millones de dólares”. Decidieron no ponerle un techo, sino más bien un piso.

Uno no puede evitar pensar qué habrán sentido los representantes de Brasil, Argentina, Perú, Bolivia y Nicaragua, todos protagonistas de episodios hiperinflacionarios recientes, escuchando al Presidente venezolano arengar en Paraguay hace unas semanas acerca de la conveniencia del uso del banco central como mecanismo de financiamiento del desarrollo. Habrán pensado que nadie escarmienta en cabeza ajena: ni los Presidentes, ni los ciudadanos de los países a quienes estos representan.

Miguel Ángel Santos