Más allá de las circunstancias políticas, las firmas, los firmazos, la guarimba, los reafirmazos, reparos, referéndum revocatorio y elecciones regionales, el año que acaba de finalizar posee dos rasgos sobre los cuales vale la pena reflexionar: La continuidad de las políticas económicas, y el correspondiente deterioro económico y social, de los últimos treinta años, y la pérdida de institucionalidad y del sistema de equilibrio de poderes como base de la democracia. El primero es un rasgo que engendra un sentimiento de frustración creciente que los años por venir sólo harán más urgente. El segundo es la puerta de tranca que cierra las posibilidades a través de las cuales esas crisis, notablemente la correspondiente al período que culmina para unos y comienza para otros termina en 1998, se resolvieron en el pasado.

Quizás sorprenda a algunos escuchar que la política económica de este gobierno es la misma de los últimos treinta años, y más aún que las fuerzas que generaron el desencanto social que nos trajo hasta aquí sigan estando allí, continúen su movimiento inercial, acaso amortiguado y confundido por los efectos de la conexión emocional, que no de resultados, que el Presidente Chávez ha sido capaz de establecer con un amplio sector de la población. Así, es cierto que en el año la economía creció por encima del 17%, pero también es cierto que no se observan repuntes en la inversión, ya sea pública, privada, nacional, o extranjera, al menos no inversiones más allá de la depreciación, esa fracción del aparato productivo que todo los años se desgasta. Aquí lo que ha habido es uso de la inversión ya hecha en otros años, que las sucesivas crisis habían dejado ociosa. Quizás el termómetro que nos ayude a observar mejor la verdadera salud del crecimiento venezolano sea el hecho de que creciendo más de 17% este año, el país tendrá un ingreso por habitante promedio 15% menor al que tenía en 1998. Se ha registrado un proceso acelerado de recuperación, que siguió a un proceso acelerado de deterioro. Siendo así, recuperación que no crecimiento, los primeros tres trimestres del año 2004 cerraron con PIB 20.4% mayor, pero el desempleo en ese período pasó de 14.3% a 14.5%. No hay nadie con un trabajo nuevo. La inamovilidad prohibió al sector privado despedir trabajadores en épocas de pérdida de actividad, y ahora lo exime de contratarlos.

Cuando esto ocurre el crecimiento se desacelera, como lo tiene previsto el presupuesto nacional, y continuará desacelerándose hasta retomar su nivel promedio de los últimos 27 años, 1.10%, que con un crecimiento poblacional de 1.8% significa que cada año los venezolanos somos en promedio más pobres.

Esta notable ausencia de crecimiento en el largo plazo, disfrazada por grandes caídas y grandes recuperaciones, es lo que previene al crecimiento reportado de manera esporádica de tener un espejo en los índices de bienestar.

Para tener una idea de qué representa ese 1.10%, considérense las siguientes cifras: Cada año ingresan a la fuerza laboral venezolana 400.000 personas, que entran en edad, o teniendo la edad, empiezan a manifestar disposición de trabajar. Eso equivale al 3.5% de la fuerza laboral, al 8.9% del total del empleo formal, y a más de 12.5% del empleo formal privado. En otras palabras, si el gobierno desea conseguirle un empleo formal a esos nuevos miembros – no hablemos ya de recuperar a quienes hoy están en el sector informal o desempleados – debe generar un crecimiento de 8.9% en el empleo formal, y si quiere que ese crecimiento lo absorba el sector privado debe promover un crecimiento de 12.5% en los puestos de trabajo de ese sector. Y esto todos los años, porque esa cifra es el promedio de crecimiento anual de nuestra fuerza laboral. Para promover la creación de esos puestos de trabajo se requiere crecer de manera sostenida a tasas superiores al 8% anual. Esas tasas no se generan de manera sostenible sin inversión, y la inversión no se genera de forma espontánea a menos que el gobierno emprenda un esfuerzo serio por crear un clima de negocios más favorable al sector privado.

Cada año que Venezuela no logre generar 400.000 puestos de trabajo formales es un año en el que continúa aumentando la informalidad y el desempleo, y con ambos la pobreza. Aquí es donde el gobierno entra con sus propuesta de subsistencia, que vuelve al ciudadano dependiente del Estado, pero para nadie es un secreto que la renta petrolera cada vez alcanza para menos.
Una cifra aún más espeluznante que la anterior nos advierte sobre las limitaciones del crecimiento. Si asumimos que el gobierno se las arregla para crecer a esas tasas que aquí se han indicado, y se supone que para salir de la pobreza un hogar requiere que su cabeza de familia haya cuando menos superado el bachillerato, entonces podemos reducir la pobreza de 53.5% (cifra oficial) a 43.8%, pero no más allá. En otras palabras, 43.8% de los hogares venezolanos son pobres, y no cuentan con un cabeza de familia que haya superado el bachillerato. Esto obliga al gobierno no sólo a promover el crecimiento, sino a armar programas que efectivamente capaciten a esos jefes de hogares para incorporarse a ese proceso de crecimiento.

Estos no serían programas de subsistencia que hacen al individuo más dependiente del Estado y de la menguante renta petrolera, sino verdaderos programas orientados a convertir a esos cabezas de familia en individuos productivos, y a darles ese empujón que necesitan para empezar a respirar y sostenerse por sí mismos.

No hay nada en la Venezuela de estos días que apunte hacia la resolución de ninguno de estos problemas, no hay nada orientado a generar crecimiento sostenido, y mucho menos una política de Estado orientada a dignificar al ciudadano haciéndolo más productivo, más dependiente de sí mismo. Es esa ausencia precisamente lo que provocó lo que hoy tenemos, la que generó la crisis de 1998, sigue estando ahí, tiene el potencial de generar o quizás engendrar otra cosa, acaso mejor o peor que esta, pero definitivamente otra cosa.

Y aquí es donde entra en juego el segundo rasgo que comentaba al principio, la ausencia de instituciones a través de las cuales los ciudadanos puedan expresar su frustración tal y como lo hicieron en 1998. Con sus debilidades estructurales y su innegable deterioro institucional, el sistema que prevalecía en ese año le sirvió al país para dar cauce sano a la salida de su propia crisis, dándole génesis a estos últimos seis años. Esa es una posibilidad que esta administración se ha esforzado por cerrar, por obstruir, creando una situación de puentes quemados, de falta de alternativas. Es la vieja idea de Saddam de soy yo o es el caos. El problema está en que el caos, el punto en el que un país decide romper con el sistema que prevalece en tanto no lo ayuda a resolver sus problemas, ni se demora, ni se acelera, ni se decreta, tiene su propia mecánica. Se puede decretar el cierre de las compuertas, pero no la cesación de la fuerza hidráulica que genera la acumulación de agua. De seguir así, a Venezuela la está esperando más temprano que tarde una nueva revolución.

Miguel Ángel Santos