Leyendo los titulares de prensa del pasado sábado 28 de Mayo uno se puede aproximar al por qué la gente común entiende tan poco de economía. Allí estaban, en primera plana, las declaraciones de Nelson Merentes en relación con el proceso de renegociación de la deuda pública interna: “Esperamos que los bancos nos presenten su proposición, si estamos de acuerdo negociaremos”.

Imagínese Ud. a un lector que ha solicitado alguna vez un crédito, ya sea en la banca comercial o a través de algún prestamista de oficio, y se ha visto presionado por los plazos y las obligaciones, sufrido en carne propia las dificultades de cumplir con las cuotas, y temido la correspondiente ejecución de garantías, leyendo estas declaraciones. Imagínese la confusión que provoca oír al deudor, tradicionalmente en una posición más débil, esperando a que sea el acreedor quien le proponga una manera distinta de cumplir con sus obligaciones, más cómoda que la actual, y todavía tener el desplante de asegurar que “si estamos de acuerdo, negociaremos”.

Uno lo lee y no puede evitar preguntarse: Y si no estás de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Pagas según el cronograma actual? ¿Y si no puedes? En este caso en particular, no se necesita enunciar esa parte que falta, no hace completar la frase con un “y si no estamos de acuerdo, no negociaremos”.

Y es que, de unos años para acá, la posición de dominio que tradicionalmente ejerce una institución financiera sobre el deudor, cambió de signo, al menos cuando el deudor es el gobierno. Más del 51% de los activos de la banca están invertidos en papeles públicos, considerando los DPNs, los títulos del Banco Central de Venezuela, y las inversiones cedidas; además, 50% del total de fideicomisos y más de 30% de los depósitos del sistema bancario nacional pertenecen al sector público.

Por todas estas razones, Merentes puede sentarse a esperar que los bancos “presenten su proposición”. Ahora es la cola la que está meneando al perro. Este proceso comenzó a gestarse durante los años 1999-2001, cuando una combinación entre la ausencia de demanda de crédito por parte del sector privado y la falta de credibilidad de Venezuela en los mercados internacionales, provocaron un crecimiento gigantesco de la deuda pública interna: 364% en términos nominales y 205% en términos reales. En esos tres años la República se endeudó internamente a tasas promedio de 40%, 35% y 25%, mientras la devaluación anual promediaba 15%, 8%, y 9% respectivamente, resultando en tasas activas en dólares exorbitantes. Irónicamente, parte de esos bolívares fueron utilizados por el gobierno para adquirir divisas para el FIEM, cuando las tasas pasivas en dólares alcanzaban su punto más bajo. Desde entonces no se ha podido detener, no digamos reversar, ese crecimiento exponencial del endeudamiento interno. En seis años (1998-2004) la deuda interna ha crecido 1.320% nominal, y 350% en términos reales. En promedio, cada venezolano al cierre del 2004 le debe a la banca comercial 1.240.000 bolívares (para deber, sí somos gobierno todos), cuando en 1998 esa cifra no pasaba de 100.000. Como porcentaje del tamaño de nuestra economía, la deuda interna pasó de 4.4% a 14.4% en seis años.

Es por todas estas razones que la cola ahora es quien menea al perro. Pero estas son cosas demasiado complicadas para el venezolano común, por esa razón en la calle se entiende poco de economía. Siendo así, no preocupa que MERCAL siga desplazando al sector privado en la cadena de comercialización de alimentos. A nadie le pasa por la cabeza que, ahí también, un día puede ser la cola, disfrazada de libreta de racionamiento, la que empiece a menear al perro.

Miguel Ángel Santos