Cualquier coincidencia con la realidad es pura semejanza. Por estos días, a propósito del Coloquio del Liberty Fund sobre Propiedad y Libertad, he estado leyendo el libro de Richard Pipes que lleva el título de la conferencia (más bien, la conferencia lleva el título del libro). No es fácil de leer, no es lo que en inglés se dice un pageturner, pero hay cosas que deben provocar una difícil reflexión en quienes vivimos en un país que en 1998 se dio cuenta de que no podía seguir como hasta entonces, y ocho años después se da cuenta de que menos aún se puede seguir viviendo como hasta ahora.

Allí está descrito (Capítulo 3) en abundante detalle la evolución del parlamento desde su origen como servidor de la monarquía (siglos XI al XV), pasando por la transformación en su socio (siglo XVI y XVII), hasta llegar a ser su “amo” (sic, 1640 en adelante). Están detalladas las sanas tensiones entre ambos que caracterizaron esta última etapa: la monarquía, como sistema de gobierno; el parlamento, ya como organismo de verdadera representación ciudadana. Quizás lo que más me haya llamado la atención es un aspecto al que el autor se refiere de forma tangencial: El inmenso temor que existía entre los miembros del parlamento de que la monarquía no dependiera para su financiamiento de los impuestos recaudados.

Dentro de los principales ingresos que el parlamento autorizaba a la Corona se encontraba el pago por los derechos de comercialización del vino (tonnage) y la lana (poundage). En épocas de paz ésta era la principal fuente de ingresos de la Corona, bastante modesta por cierto, hasta antes del siglo XV. A partir de entonces, la gigantesca expansión del comercio internacional incrementó los ingresos de la monarquía de una forma tal que el parlamento se negó a permitirle hacerse con la totalidad de este concepto, insistiendo en que la suma fuese acumulada y entregada a la Corona en asignaciones anuales.

Detrás de esta insistencia se encontraba la certeza de que la independencia de la Corona de los impuestos recaudados sobre la riqueza eliminaría el principal mecanismo de balance de poder que había existido entre ambos, base fundamental para desarrollar la democracia. Si quería gastar más, la monarquía requería o bien de mayores impuestos, o bien de que sus ciudadanos disfrutaran de una mayor riqueza. Al estar los impuestos sujetos a la aprobación del parlamento, la vía menos conflictiva para incrementar los ingresos pasaba por promover la riqueza de sus ciudadanos.

Este mecanismo de balance de poder en Venezuela se ha perdido desde hace tiempo, pero más aceleradamente desde 2003. Una de las razones por las que el Estado puede seguir financiando campañas en el exterior, regalando petróleo, amenazando con bajar los aranceles y volar los pozos petroleros, en fin, comportarse de una manera completamente opuesta al interés de los ciudadanos, es que es independiente de ellos desde el punto de vista fiscal. A eso agréguele usted que tenemos un parlamento que en nuestro caso representa al gobierno (la monarquía), al que no se le ha ocurrido que esa institución nació para ser dique de contención.

Ese es el gran temor que tenía el parlamento inglés de 1625. Aquí ya no se trata, como siempre ha enfatizado Luis Ugalde (sj), de los males que se derivan del hecho de que esa riqueza nos permite consumir como país de ingreso medio, mientras producimos como país pobre (que ya son bastantes). Se trata, como me dijo alguna vez Asdrúbal Baptista, de que si los impuestos promueven ciudadanos, la repartición de la riqueza petrolera promueve vasallaje, servidumbre. Es algo para tener presente la próxima vez que se nos de la posibilidad de refundar el país.

Miguel Angel Santos