Hay colas para todo. Sales de tu casa, en vehículo propio, taxi o autobús, y consigues a pocas cuadras una enorme cola. Tienes una emergencia y te trasladas una institución de atención médica, y también allí encuentras una larga fila de pacientes que deben ser atendidos, ya no por orden de llegada, sino de gravedad. Llegó la leche, o parece que en aquel abasto sí hay pollo, y allí también hay colas. Hay colas para cosas grandes y pequeñas. Hay colas en las afueras del CONAVI, para solicitar vivienda. A veces tampoco hay celulares, “parecen que llegan el próximo lunes, me dijeron que estuviera allá tempranito”. Hay listas de espera para adquirir pasajes de avión y también vehículos, estas últimas dando lugar a todo un mercado secundario en donde se negocian los cupos y puestos por millones de bolívares.

De repente tener dinero ya no es equivalente a tener capacidad para adquirir ciertos bienes. Todo esto es consecuencia de un hecho simple: Desde hace algunos años el país disfruta de una enorme riqueza, que no ha sido fruto de nuestro trabajo, sino del aumento en los precios petroleros. Al no ser fruto del trabajo, no existe un respaldo específico en bienes y servicios que sirva para hacerle frente a ese aumento en el ingreso.

Dicho de otra forma, nuestro poder adquisitivo ha crecido mucho más rápido que la capacidad de la economía para producir. El aumento en los precios del petróleo nos ofrece una solución de muy corto plazo: Importar la diferencia entre nuestra capacidad de compra (fruto de la renta petrolera) y nuestra capacidad de producción. Las importaciones han alcanzado niveles record, haciendo posible que los venezolanos en su conjunto mantengamos niveles de consumo muy por encima de nuestros niveles de producción.

Las colas y la escasez evidente de una fracción de bienes de la cesta básica han empezado a mostrar las filtraciones de este patrón económico. Las importaciones han crecido a un ritmo mucho más rápido que las exportaciones, un hecho que no se puede sostener de forma indefinida. Más aún, el entorno que rodea a la actividad productiva en Venezuela ha provocado una fuerte caída en la inversión, ya de por sí baja desde comienzos de los ochenta.

Esto trae otro problema adicional: el empleo. En la medida en que la inversión y la producción nacional se deterioran, en esa medida se empiezan a destruir empleos. El Estado venezolano, con todo y la enorme renta petrolera, no tiene ninguna capacidad de convertirse en el único gran empleador del país: Al cierre del año 2006, en plena bonanza petrolera y en medio de una expansión del sector público sin precedentes, el número de empleados públicos no llegaba a dos millones, mientras el número de venezolanos en edad y disposición de trabajar superaba los doce millones.

Visto así, el modelo en que el país (tanto el Estado como los venezolanos) se divorcian del hecho productivo, de la capacidad para producir bienes, el modelo según el cual seguimos incrementando el consumo a punta de importaciones, no alcanza por sí sólo para resolver el enorme déficit social (alimentación, educación, vivienda, salud y seguridad) de la población venezolana. El ingreso petrolero es grande, si se piensa en sostener un gobierno, pero no alcanza para resolver los problemas de un país de más de veintisiete millones de habitantes.

La racionalidad del racionamiento

Los episodios de escasez, en plena bonanza petrolera, han puesto en evidencia las debilidades del esquema: No sólo las importaciones que nos ayudan a cubrir las diferencias dependen de los precios del petróleo, sino que además el entorno negativo hacia la actividad económica privada continúa disminuyendo la producción de bienes a nivel local.

Según las reglas de la economía, esa diferencia entre la capacidad para adquirir bienes y la producción e importación, provoca una aceleración de la inflación. La inflación destruye el poder de compra, y disminuye la demanda. En Venezuela ese es un hecho que no se encuentra reflejado aún en las estadísticas oficiales (la mayoría de los bienes controlados se contabilizan en la estadística de inflación al precio oficial, independientemente de que se consigan o no).

Una forma alternativa de evitar la inflación consiste en limitar las cantidades de determinados bienes y servicios que los consumidores pueden adquirir. Esa función, que normalmente la ejercen los precios (al subir limitan lo que se puede adquirir), la podría asumir el propio Estado. Esta es, de hecho, la racionalidad que se utilizó en Cuba a partir de 1962 para introducir el sistema de racionamiento. Los argumentos de entonces: “El poder adquisitivo de la población ha crecido de forma más rápida que la producción de bienes de consumo y la capacidad estatal para importarlos”.

Cuando cayó la Unión Soviética (y su correspondiente ayuda a Cuba) esas diferencias se hicieron aún mayores, puesto que el aparato productivo nacional, ya completamente estatizado, había perdido por completo su capacidad de producción y por ende de sustitución de importaciones. La imposición de la política de racionamiento, que en 1962 no produjo conmoción en la población cubana, empezó a causar estragos a partir de 1989 (veintisiete años después): Se crearon un conjunto de mercados paralelos en donde los precios que prevalecían se encontraban muy por encima de los precios oficiales: 100 veces por encima en el caso del pescado, 200 veces en el caso del pan, 92 veces en el caso de pasta de dientes, 270 veces en el caso del aceite, 52 veces en el caso del arroz.

Esas fueron las consecuencias, veintisiete años después, de haberle permitido al gobierno introducir en el ordenamiento legal la posibilidad de controlar precios e instituciones, introducir raciones, administrar el banco central, y acabar con el principio de propiedad.

Miguel Ángel Santos