Uno suele inspirar desconfianza cuando repite que los ingresos petroleros de estos últimos años, considerados de forma adecuada desde el punto de vista económico, no son tan grandes como parece. Quienes escuchan o leen esta afirmación sufren de cierta evocación automática, no necesariamente desagradable, a los primeros días de Francisco Rodríguez en la OAEF, y también a los últimos de Tobías Nóbrega en Finanzas. Decir que Venezuela no está disfrutando de una gigantesca bonanza petrolera va en contra de la sabiduría popular, esa que recorre los pasillos del país y se asienta en el subconsciente colectivo sin cuestionamiento, sin espacios para la duda.

De “forma adecuada desde el punto de vista económico” quiere decir ajustando las exportaciones petroleras por la inflación de la moneda en que se realizan (dólares), y dividiéndolas entre los habitantes que presumiblemente reciben sus favores. Este ajuste, si bien nos pone ante una perspectiva más justa, no toma en cuenta que debido a la depreciación real del dólar esos ingresos tienen ahora una capacidad de compra bastante menor en el resto del mundo. Es importante considerar las exportaciones petroleras, porque representan una medida de lo recibido en forma total, más allá de que se haya traducido o no en ingreso fiscal, y de que ese ingreso haya sido repartido o desviado en dólares hacia fondos en el exterior desde los cuales se atienden supuestas necesidades, imposibles de fiscalizar para quien observa desde afuera.

Visto así, las exportaciones petroleras por habitante del año pasado (partiendo de las cifras del Fondo Monetario Internacional), en dólares constantes del año 2000, resultan en 1.020 por habitante, una cifra menor a la registrada en el 2000 (1.090), no demasiado mayor a la máxima registrada por Caldera II (1996, 910) o a la registrada en 1991 durante la Guerra del Golfo (942), y que palidece si se le pone al lado del año de mayor bonanza de Lusinchi (1984, 1.470), de Herrera (1980, 2.432), de Pérez I (1974, 2.995), y aún hasta de Pérez Jiménez (1957, 2.130).

Puesta en esa perspectiva histórica, la renta actual resulta insuficiente para mantener los niveles de gasto público de esta administración, y acaso otros más moderados. Bajo esta lupa se puede entender cómo ha sido posible que cada uno de estos años haya sido necesario endeudar más al país en términos netos para seguir cubriendo la brecha.

Todo esto no justifica ni tampoco exime a la administración actual de no haber emprendido la tarea por la que Venezuela espera desde hace 27 años: Proponer un sistema de reglas que permita el desarrollo de un sector privado vigoroso que ayude a estabilizar el ingreso fiscal, y a absorber el crecimiento de la fuerza laboral, para detener así el incremento exponencial de la informalidad y la pobreza.

Esa insuficiencia del ingreso petrolero es más lo que expone de lo que justifica a esta administración. Su visceral animosidad y desconfianza a la actividad económica privada en general le ha cerrado las puertas a Venezuela de la normalidad, de una nueva realidad económica en donde nuestro consumo y nuestro bienestar guarden una relación más estrecha con nuestra capacidad para producir bienes y servicios con valor agregado. Una realidad distinta, en donde los impuestos se convierten en un vínculo entre el gasto público y las posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector privado. Estos nuevos vínculos, por encima de todo, servirían como mecanismos de balance de poder, fundamentales para el desarrollo en democracia. Quizás sea eso precisamente lo que no se desea.

Miguel Ángel Santos