El ministro de economía de Gran Bretaña, Gordon Brown, acaba de anunciar un acuerdo dentro del G8 para perdonar el 100% de la deuda que 18 países pobres mantienen con instituciones multilaterales y bilaterales. 14 países africanos y 4 del continente americano (Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua) verán así desaparecer obligaciones por 40.000 millones de dólares. También se anunció que entre 12 y 18 meses se condonará la deuda de un grupo adicional de 9 países, que alcanza 11.000 millones de dólares. Un tercer grupo, 11 países asolados por conflictos civiles, podrá tener acceso a ese mismo beneficio cuando “cumplan las condiciones establecidas”. El total adeudado por estos 38 países asciende a 55.000 millones de dólares. “No es hora para la timidez, sino para la osadía”. Depende.

En su argumentación el documento del G8 se ocupa poco de un tema esencial: ¿Cuál fue el destino que esos países, en su momento, dieron a los fondos recibidos? O mejor aún, ¿Qué van a hacer los gobiernos de esos países con los recursos que, de no haber ocurrido el perdón, hubiesen destinado al servicio de la deuda?

Y es que la posibilidad cierta de que el perdón se traduzca en mejores servicios públicos, educación, salud y asistencia social, depende del fragilísimo supuesto de que el gobierno de turno posee la capacidad de hacer un mejor uso de los recursos que aquél que contrató originalmente la deuda. Si este supuesto no se cumple, si quien manda hoy es igual o aún peor que quien lo hizo antes, entonces la condonación de la deuda conducirá a más endeudamiento, que a su vez provocará una nueva ronda de protestas mundiales encabezadas por el Papa de turno, el Dalai Lama, el Jeffrey Sachs, el Bono y hasta el Chávez de ocasión (y cuidado si el mismo)… y así sucesivamente.

La experiencia indica que estos programas están asociados predominantemente a gobiernos que no se esfuerzan por promover la inversión privada y el crecimiento, que incurren en déficit fiscales insostenibles, que favorecen el gasto corriente y permiten que se deteriore la infraestructura pública, que utilizan los dólares de la ayuda o deudas preferenciales para sobrevaluar artificialmente su moneda, facilitando así el consumo de bienes importados en el corto plazo en detrimento de la producción nacional. Más aún, la experiencia también demuestra que en los casos de países favorecidos que poseen recursos naturales, el perdón de la deuda está acompañado por la aceleración en la tasa de explotación, sin ninguna inversión en nuevos desarrollos. De esta manera quien gobierna se asegura de seguir siendo lo suficientemente pobre como para calificar para el otorgamiento de nueva deuda preferencial… y de nuevos programas de ayuda.

De acuerdo con un estudio de Easterly (2001), entre 1989 y 1997 los programas de condonación de deuda perdonaron a 41 países pobres 33.000 millones de dólares, mientras en ese período los nuevos préstamos totalizaron 41.000 millones de dólares. Es decir, a pesar del gigantesco programa de ayuda, 8 años después la deuda de los países pobres terminó siendo sustancialmente mayor.

Por esta razón este mismo estudio sugiere que los programas de alivio de deuda tengan dos características esenciales: a) que se realice una sola vez por país (¿es creíble?), y b) que dependa del record de políticas públicas del gobierno de ocasión en los años previos (y no de las promesas). Porque tan necesarios resultan para la reducción de la pobreza los programas de alivio de deuda, como el que no sean concedidos a gobiernos empeñados en perpetuarse a toda costa, metiendo en esa costa los ciudadanos, la pobreza, la deuda, un container de fusiles rusos viejos, y también el perdón.


Miguel Angel Santos