Desde comienzos de año tanto el Presidente como algunos de sus funcionarios de gabinete, en reuniones públicas, Aló Presidentes y encuentros privados, han estado preguntando e indagando el por qué no existe inversión privada (nacional o extranjera) en Venezuela. Preguntan con más exasperación que curiosidad. Viendo todas estas cosas, uno por un lado tiene la certeza de que no se puede tratar de una curiosidad legítima, pero la insistencia y la vehemencia a veces confunden.

Quizás la primera duda surge del propio hecho de que es el gobierno el primero que ha decidido no invertir en Venezuela. A diferencia de otras administraciones, ésta difícilmente pueda presentar como alegato las restricciones fiscales. Basta con darle una mirada al presupuesto nacional 2006 y a la ejecución de los primeros siete años de gestión para darse cuenta de que la inversión pública sigue siendo la misma de los últimos treinta años, los mismos 6% - 7% del PIB que se vienen invirtiendo desde finales de los setenta (con excepción del período 1990-1993, cuando superó 10% del PIB).

A esta certeza contable se le puede agregar también la creación del FONDEN y su dotación de aproximadamente 9.000 millones de dólares (estimados, porque lamentablemente no hay manera de saber cuánto dinero tenemos depositado allí, ni tampoco en qué va a decidir gastarlo nuestro administrador). ¿Qué es FONDEN sino un esfuerzo por mantener lejos de Venezuela una fracción de la renta petrolera para ser gastada de forma discrecional en moneda extranjera? ¿Qué es FONDEN sino el reconocimiento de que la contrapartida en bolívares de esos dólares, lanzados sobre un país donde no se invierte un medio, sólo podría desatar un ataque contra la divisa o una aceleración de los precios?

Un hecho adicional: Comprar bonos soberanos de otros países, en épocas de déficit fiscal, implícitamente significa pedir prestado para prestarle a otros, con las pérdidas de intermediación y costos de transacción del caso (vale la pena decir que en el caso puntual de Argentina, han resultado en una ganancia de capital favorable).

Siete años electorales en fila han pasado su factura: La inminencia de un evento electoral inclina el presupuesto hacia lo inmediato (el gasto, las misiones, la emergencia, los operativos), en lugar de la inversión, porque los retornos en términos políticos de esta última son más lentos en llegar. Esa lamentable realidad anteriormente ocurría en Venezuela cada cinco años, ahora ocurre todos los años.

Con todas estas señales, se hace difícil pedirle al sector privado que invierta lo que el gobierno no invierte. Con tan buena voz, y mandando a cantar. En este caso, la mejor voz la tiene el gobierno, después de todo, tiene más dinero, sufre menos inseguridad jurídica, no está sometido a la inestabilidad en las reglas del juego (porque las fija de forma caprichosa), tiene acceso garantizado a las divisas a tasa oficial, no tiene problemas para sacar productos de las aduanas, no paga IVA ni arancel cuando importa, y no pare usted de contar. Toda una inmensa lista que viene a servir de acompañante a una actitud que ya tiene siete años en proceso, y que ahoga cualquier iniciativa seria siquiera de averiguar por qué el sector privado no invierte.

Recientemente, el 28 de Diciembre del 2005, se aprobó una nueva ley según la cual los fondos de pensiones de instituciones públicas y entes descentralizados, sólo pueden invertir sus activos en títulos del gobierno. El mensaje: Vamos a dejar los reales que vienen de nosotros entre nosotros. Con esta medida se extingue el ya de por sí microscópico mercado de capitales. A mucha honra. Ahora, si es así, ¿qué tanto preguntan?

Miguel Ángel Santos