La Comisión de Finanzas le puso el sello al crédito adicional de 30 millardos de bolívares requeridos para capitalizar el Banco del Tesoro. Nace con el aval de más de 17 billones (doce ceros) de depósitos del sector público que actualmente descansan en la banca privada, y con el objetivo de (“más allá de concentrar los depósitos oficiales”) actuar como agente financiero del Estado, atender la deuda pública, realizar operaciones de comercio exterior, recaudación de tributos, y efectuar pagos por encargo de la Oficina Nacional del Tesoro. Además, se prevé que intervenga en proyectos “estratégicos” nacionales e internacionales, actividades de intermediación financiera, proporcione al gobierno central servicios bancarios para la administración de fondos públicos, y además le sirva de corresponsalía.

Una descripción tan amplia de tareas es la garantía precisa de que posiblemente no se llegue a ejecutar ninguna. Tiene ese olor a lacre que ya acompañó al Banco del Pueblo y al Banco de la Mujer, dos instituciones insignias que terminaron por invertir la mayoría de sus fondos en bonos del Estado. En un país de recursos escasos en donde el petróleo trae de nuevo el espejismo de la abundancia, tener Banco del Tesoro, de la Mujer y del Pueblo, es la contrapartida de no tener inversión en infraestructura (y que se vengan abajo autopistas y carreteras), representa menos recursos para seguridad pública, salud y educación.

En el caso del Banco del Tesoro, es difícil pensar que el Estado logre migrar la totalidad de los 17 billones de bolívares actualmente depositados en la banca comercial. ¿Por qué? Porque para intermediar esa cantidad, equivalente a 30% del total de depósitos de la banca, hace falta una estructura y una sapiencia que no se hacen realidad por decreto. Del sello al hecho, hay mucho trecho. A fin de cuentas, esa institución manejaría la sensible nómina de empleados públicos, equivalentes al 50% del empleo formal en Venezuela.

Esta posibilidad causa temor, sobretodo si se pasa revista a nuestra experiencia reciente en el manejo de efectivo. Por ejemplo, en los primeros seis meses del año la deuda pública interna ha crecido en más de 4 billones de bolívares, pero los depósitos del sector público en el sistema financiero se incrementaron en más de 5 billones. PDVSA destinó el año pasado 2.500 millones de dólares para pagar por adelantado una deuda que pagaba una tasa de interés mucho menor al rendimiento que esos fondos obtendrían invertidos en el negocio petrolero.

Pero estas son apenas secuelas de la mismanagement financiero que generó la modificación del FIEM en 1999. La nueva disposición obligó al gobierno a ahorrar en dólares cuando las finanzas públicas venezolanas no daban para eso, un compromiso que sólo fue posible gracias a un incremento similar en el endeudamiento interno. Así, el espejo de la acumulación de los 7.111 millones de dólares que tenía el FIEM en Noviembre del 2001, fue un incremento de 500% en el endeudamiento interno. Con una pequeña diferencia: Mientras los recursos en dólares del FIEM ganaban tasas de interés en dólares bajas, la deuda que el gobierno contrajo para ahorrar en el FIEM pagaba tasas de interés en bolívares de 40% (1999), 35% (2000) y 25% (2001), en años en donde la devaluación fue apenas 15%, 8% y 9% respectivamente. Más aún, tres años después seguimos teniendo la deuda, pero nada del FIEM. Revisando estos ejemplos puntuales, uno no puede menos que lamentar que en lugar de crear el Banco del Tesoro, no se les haya ocurrido utilizar esos fondos para contratar un buen tesorero.

Miguel Angel Santos