La nueva Asamblea Nacional será juramentada en medio de la mayor crisis económica que haya sufrido el país en su historia. Las cifras récord de inflación y desabastecimiento se conjugan con la mayor caída en la producción y en el salario real que se haya registrado hasta la fecha. En un momento en que nuestro consumo depende de las importaciones como nunca antes, las importaciones reales por habitante apenas están por encima de las del Caracazo (1989), la crisis bancaria durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-1996), y la huelga general (2002-2003).


Venezuela abrirá el 2016 exangüe. Nuestras reservas internacionales representan apenas poco más de cuatro meses en importaciones, el nivel más bajo registrado en los últimos veinticinco años. Si se liquidaran todas las reservas internacionales que reporta hoy el Banco Central de Venezuela, apenas alcanzaría para cancelar el servicio de deuda externa correspondiente al año 2016. Venezuela ha dispuesto también del 80% de sus Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional, lo que deja disponibles por esa vía apenas 500 millones de dólares.


Las raíces del desastre económico, resultado de la insistencia en la adopción de un modelo económico fracasado con la ausencia absoluta de mecanismos de rendición de cuentas, van mucho más allá del alcance de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la mayoría calificada de dos tercios abre posibilidades importantes para empezar a corregir algunas de las prácticas que provocaron esta crisis.


El bloque del cambio tiene tiempo reflexionando sobre estos temas, y como resultado de ese proceso ha acordado una agenda legislativa concreta para el próximo ejercicio legislativo. Este conjunto de propuestas está claramente centrado en la legislación que rodea la resolución de los principales problemas de la gente: alto costo de la vida, desabastecimiento, e inseguridad. Las propuestas que se encuentran a continuación están pensadas como complemento a dicha agenda legislativa, y tienen que ver más con el marco que rodea la formulación y ejecución de la política económica.


Nos inspiran tres principios rectores. En primer lugar, son propuestas con el potencial de generar un alto impacto en la eficiencia con que administramos nuestros recursos, y de bajo costo político. En segundo lugar, están orientadas a restaurar la transparencia en la administración de las cuentas públicas. Por último, como consecuencia de la anterior, buscan establecer los mecanismos de rendición de cuentas, para que la Asamblea Nacional recupere su rol como monitor y contralor de la administración de los recursos públicos.



  • Reestablecer la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional (OAEF)
  • Presupuesto de la nación
  • Banco Central de Venezuela


En 1997, bajo los auspicios del Banco Inter-Americano de Desarrollo, se creó la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de Venezuela (OAEF). El propósito de la oficina era proveer una asesoría especializada a las comisiones y representantes del Congreso Nacional. Su primer director fue Gustavo García, y bajo su mandato (1997-2000) la oficina estuvo integrada por economistas de alta formación sin ninguna vinculación partidista. A partir de entonces (2000-2004) fue dirigida por Francisco Rodríguez, hasta que el Presidente Hugo Chávez tomó la decisión de cerrarla en 2004 por razones políticas.


La idea de la OAEF es abrirle a los miembros de la nueva Asamblea Nacional una ventana de consulta. Es una oportunidad de aprovechar la experiencia y el conocimiento económico de un conjunto de profesionales venezolanos de alto nivel, para asesorarse en relación con el origen de nuestros males, nuestra situación actual, los costos y beneficios de diferentes opciones de políticas públicas que tenemos para salir adelante. De esta forma, la oficina sería una suerte de faro que serviría a los miembros Asamblea Nacional de orientación a la hora de tomar decisiones y elaborar leyes asociadas a nuestro desempeño económico.


Los análisis y documentos producidos por la OAEF, a título propio o en respuesta a solicitudes de las correspondientes Comisiones de la Asamblea Nacional no serán vinculantes, pero sí deben ser de carácter público. De lo que se trata es de promover la transparencia, de poner el conocimiento de los integrantes de la OAEF al servicio de la sociedad venezolana, y aumentar el acervo de conocimiento colectivo en relación con nuestros problemas económicos y las diferentes opciones de política disponibles.


Para financiar la operación de la OAEF la nación puede solicitar el apoyo de organismos multilaterales, tales como el Banco Mundial, o el propio Banco Inter-Americano de Desarrollo, que respaldó la iniciativa de su creación en 2000 aportando recursos financieros.



A partir del año 2006 el gobierno ha venido ejecutando una fracción importante del gasto público a través de estructuras paralelas que escapan el escrutinio de la Asamblea Nacional. Estimar en qué medida se ha extendido esta práctica es cada vez más difícil, toda vez que el Ministerio de Finanzas ha seguido el mismo camino del Banco Central de Venezuela y suspendido la publicación de estadísticas claves para monitorear el desempeño de la economía nacional. Las últimas estadísticas de las finanzas del gobierno central que se han hecho públicas corresponden al año 2013. En el caso del sector público restringido la situación es todavía peor (2011).


De acuerdo con los estados financieros base caja del gobierno central y sector público restringidos publicados para el 2011, 38% del total del gasto público ocurría fuera del gobierno central. En los últimos años, diferentes estimados de este porcentaje podrían variar entre 29% (2012) y 33% (2013). En cualquier caso, la Asamblea Nacional sólo tiene competencias para aprobar e inspeccionar la ejecución del presupuesto de gobierno central, quedando esa otra proporción fuera de todo mecanismo formal de transparencia y rendición de cuentas.


La Asamblea Nacional debe promover la legislación necesaria para reubicar el gasto público que actualmente se está realizando desde estas estructuras paralelas, para que pueda ser ejecutado a través de canales regulares, transparentes y auditables. Esta consideración es particularmente válida para los casos del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y el Fondo Chino. Entre ambos mecanismos, se han desviado al menos 170.716 millones de dólares (116.716 y 54.000 millones de dólares respectivamente), sin que los venezolanos tengan a la fecha ninguna relación concreta del destino de dichos fondos. Reformas como ésta permitirían poner coto a la ejecución discrecional y opaca del gasto público, y contribuiría a proteger a futuro las finanzas públicas y los intereses nacionales de esta perversa tendencia, mientras el bloque del cambio adelanta la correspondiente agenda de investigación e interpelación.


En términos generales, la idea es reestablecer al Gobierno Central, y a las gobernaciones y alcaldías bajo la figura del Situado Constitucional, la responsabilidad por la ejecución del gasto público. De esta forma cobran vigencia los mecanismos de rendición de cuentas previstos en el ordenamiento legal, y colocan el gasto público en su conjunto bajo el escrutinio de la Asamblea, sin poner en riesgo desde el punto de vista legal el financiamiento de programas sociales o una agenda de inversiones productivas.



La mayoría calificada de dos tercios abre la posibilidad de sustituir directores del Banco Central de Venezuela, pero solamente en los casos en que se demuestre que han faltado a sus responsabilidades. En el artículo 27 de la Ley del Banco Central de Venezuela, en su segundo párrafo reza:


El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y las metas del Banco dará lugar a la remoción del Directorio, mediante decisión adoptada por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. En todo caso, la remoción no afectará a aquellos miembros del Directorio que hubieran hecho constar su voto negativo o salvado en las decisiones que hubieren dado lugar al incumplimiento”



De igual forma, la Constitución de 1999 en su artículo 318 establece que:



el objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”


No existe ninguna duda de que el Directorio del Banco Central de Venezuela ha faltado a sus responsabilidades, objetivos y metas. El financiamiento monetario del déficit fiscal, los créditos extendidos a otros entes del sector público, han provocado un crecimiento de 130% en la base monetaria. Esta expansión, en combinación con políticas de controles de precios y persecución permanente a la inversión privada, han engendrado una inflación de tres dígitos, la más alta del mundo. En paralelo, ha ocurrido una depreciación masiva de la moneda nacional, tanto en el mercado oficial, como en el paralelo.


En medio de estos desajustes, el directorio del Banco Central ha ordenado suspender la publicación de estadísticas fundamentales para monitorear el rumbo de la economía. La inflación, uno de los indicadores esenciales para evaluar qué tan fiel ha sido el Banco Central a su mandato de velar por la estabilidad de precios, y elemento fundamental para la negociación de contratos laborales, no ha sido publicada desde diciembre de 2014. La balanza de pagos y las estadísticas de demanda agregada (que incluyen producto interno bruto, consumo privado e inversión), fueron publicadas por última vez el tercer trimestre del 2014.


Estas fallas no han sido ni las únicas ni las más dañinas. Bajo la tutela del directorio del Banco Central de Venezuela y a raíz de la modificación de la Ley del Banco Central de Venezuela (2005), el instituto ha venido transfiriendo enormes cantidades de reservas internacionales al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN). Las cifras varían según la fuente, lo que ya de por sí dice mucho acerca de la falta de transparencia que rodea el mecanismo de traspasos. De acuerdo con la escueta memoria y cuenta de FONDEN, hasta el 2013 había recibido 47.713 millones de dólares en transferencias del Banco Central de Venezuela. De acuerdo con éste último, para el 2005 el total de transferencias acumuladas (desde 2005) totalizaban 56.217 millones de dólares. Como se ha resaltado en el punto anterior, hasta la fecha los venezolanos no tienen idea de qué ha hecho el FONDEN no sólo con los recursos transferidos por el BCV, sino con los 67.507 millones de dólares que han recibido desde PDVSA. En total, representan 116.716 millones de dólares cuyo destino es completamente desconocido para los venezolanos.


La agenda legislativa del bloque del cambio ya ha contemplado interpelar al Presidente del Banco Central de Venezuela en relación con el “ocultamiento de indicadores económicos y sobre la política monetaria”. Dentro del contexto de estas mismas acciones, conviene que la nueva Asamblea Nacional considere la posibilidad de:


  • Exigir al directorio del Banco Central el restablecimiento de la publicación de las cifras de inflación, balanza de pagos, demanda agregada interna, escasez, y demás indicadores estadísticos que han sido suspendidos
  • Proceder con la remoción y el nombramiento de los dos nuevos miembros del directorio que le corresponde asignar a la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Banco Central de Venezuela
  • Promover una nueva Ley de Datos Abiertos que regule la forma mediante la cual se pone a disposición de los ciudadanos los datos de carácter público, generados por las dependencias y entidades de la Administración Pública y por las empresas productivas del Estado con el objeto de facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de esta información con cualquier fin (de forma gratuita, oportuna, permanente, desagregada y procesable de forma automática)
  • Promover una nueva Ley del Banco Central de Venezuela, para:
  • Detener las transferencias de reservas al FONDEN y otras fuentes extra presupuestarias y reestablecer la autonomía del ente emisor
  • Consolidar las reservas en dólares del sector público consolidado en el Banco Central de Venezuela, para que puedan estar a la vista y responder al escrutinio de la Asamblea nacional y del público en general
  • Reconfigurar el mecanismo de remoción y nombramiento de los miembros del directorio del BCV, de forma tal que la institución tenga la posibilidad de actuar forma autónoma del Ejecutivo, en pro de la consecución de los objetivos trazados para la misma en el texto constitucional.

Aunque el nombramiento del Presidente del Banco Central de Venezuela y los otros cuatro directores corresponde al Presidente de la República, la Asamblea Nacional tiene un mandato suficientemente amplio y fuerza política suficiente como para exigir la renuncia en pleno del directorio, vistas las faltas en el cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos, y el ocultamiento que se ha hecho de las estadísticas económicas de la nación.


Este conjunto de reformas tienen el potencial de corregir el rumbo de algunos elementos claves del funcionamiento de nuestra economía, a la vez que enviarían señales muy fuertes a los mercados internacionales acerca de la seriedad y transparencia que promueve la nueva Asamblea Nacional. Sólo de esta forma podemos cambiar la percepción de riesgo soberano y reabrir las puertas de los mercados internacionales para Venezuela. Así mismo es necesario transitar este camino para reestablecer los mecanismos que facilitan el control institucional, la planificación fiscal de entidades públicas y privadas, y la investigación independiente sobre el estado de nuestra economía y los determinantes de la pobreza y el estancamiento productivo.


Durante esta última década la arquitectura de administración y ejecución del gasto público fue gradualmente diluida en un conjunto de entes parafiscales y fondos, que escapan los mecanismos formales de rendición de cuentas y sobre los cuales tenemos muy poca información. La nueva Asamblea Nacional debe ser capaz de entender esa arquitectura y desmontarla, restituyendo al gobierno central, gobernaciones y alcaldías, las responsabilidades de ejecución de gasto bajo que les corresponden bajo los mecanismos que de control y rendición de cuentas contemplados en la ley. De igual forma, le corresponde a la Asamblea el establecimiento de mecanismos formales para salvaguardar el patrimonio de la nación durante el proceso de transición política que arrancó el pasado 6 de diciembre.


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Douglas Barrios

Miguel Ángel Santos