La mayoría de las disquisiciones sobre la política económica y de las recetas necesarias para empezar a desmontar la máquina de fabricar pobres, pasan más o menos por los mismos caminos. Cuando existen diferencias, estas se centran en algunos detalles de implementación y en la secuencia que cada proponente piensa debería dársele al curso de las reformas, pero existe poca divergencia en relación con las medidas en sí (salvo alguno que otro anacronismo monetario que de vez en cuando se escucha por ahí, emitidos la mayoría de las veces por algún trasnochado que, habiéndose despertado apenas un poco después que los marxistas, no ha tenido chance de revisar en detalle la experiencia argentina primero bajo Martínez de la Hoz y luego con Menem, y la de los Chicago Boys del Chile bajo Pinochet antes de 1982).

El principal elemento de todos esos programas es más bien un pre-requisito de la política económica: La presencia de un régimen democrático en quien los agentes económicos confíen, gobernando bajo un marco de respeto a las instituciones y estabilidad en las reglas del juego. Aburrido como puede sonar, no hay política económica que pueda dar resultado en un ambiente como el que existe en Venezuela por estos días, porque no hay política que pueda contra la desconfianza. La desconfianza ha secado el flujo de capitales hacia Venezuela (salvo proyectos de alto riesgo-alto rendimiento como petróleo y gas), la desconfianza ha provocado la fuga de capitales, la desconfianza ha erosionado la inversión privada nacional y extranjera (poniéndola en niveles per capita similares a los de la década de los cuarenta).

Habiendo dicho esto, las medidas económicas necesarias pasan también por el criterio de estabilidad y sostenibilidad en las reglas del juego:

  • En el ámbito financiero, la reestructuración del balance del sector público, reemplazando deuda interna a altas tasas de interés reales y corto plazo, por deuda externa a menores tasas de interés y largo plazo (esta medida abriría espacios en el presupuesto para el incremento del gasto social, y liberaría fondos que la banca privada hoy en día mantiene en papeles del gobierno, para ser prestados al sector privado, disminuyendo la presión sobre las tasas de interés)
  • En el ámbito fiscal, la aprobación de déficit fiscales sólo cuando se consideren sostenibles, cuando las fuentes de financiamiento hayan sido plenamente identificadas, y no incluyan financiamiento monetario (i.e. utilidades cambiarias) o enajenación de los activos del Estado para financiar gasto corriente
  • La política cambiaria debe estar orientada a promover y mantener la competitividad de la tasa de cambio para facilitar la diversificación de la economía venezolana, y la política monetaria debe estar orientada al control de la inflación (aquí es esencial hacer énfasis en no utilizar la tasa de cambio como ancla cambiaria)
  • A nivel institucional, requiere de la vuelta a la Ley original del FIEM de 1998, del fortalecimiento de la autonomía del Banco Central de Venezuela, y de la modernización del SENIAT y la Superintendencia de Bancos
  • A nivel laboral, se requiere la flexibilización de la legislación laboral, porque la actual es la más cara de América Latina, además de la incorporación de modalidades de contratación por tiempo determinado
Esta receta, u otra parecida con variaciones menores, ha sido tan repetida como la consigna de que Venezuela es el país con mayor potencial de América Latina. El problema no está tanto ahí, como en la posibilidad de su ejecución. Contra eso hoy en día atentan dos factores: La destrucción de parte del aparato productivo nacional que ocurrió en 2002 y está ocurriendo en el 2003, y los niveles de deuda como porcentaje del producto que vamos a tener al cierre del 2003 (principalmente ocasionado por el aumento desmedido de la deuda interna, y la caída de alrededor de 25% de la actividad económica del país entre 2002-2003).

Estas dificultades hacen imprescindible que el gobierno en cuestión se asiente sobre las bases de un acuerdo social que garantice la implementación de las reformas a mediano plazo, y se mantenga firma aún en medio de resultados iniciales adversos, evitando la aparición de nuevos caudillos y profetas que nos obliguen a continuar migrando hacia la miseria. Ese es el verdadero reto de Venezuela, promover un acuerdo social que nos ayude a implementar un programa de reforma económica con un fuerte componente social que nos ayude a reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo en democracia.

Miguel Angel Santos