La adhesión de Venezuela al MERCOSUR es una de esas cosas que hace algunos años hubiese sido difícil de predecir. Nuestro gobierno no es de los más próximos al ideario que suele acompañar a los tratados de libre comercio. Las economías de escala, la transición de nuestra industria hacia aquellas áreas en donde demostremos tener ventajas competitivas, la reorganización de nuestros factores de producción según su productividad marginal, no forman parte del vocabulario televisivo de los domingos. En la vecindad del régimen se ha ordenado sustituir competitividad, de resonancia negativa, por complementariedad. Pero he aquí que, desde comienzos de año, al continente le ha dado por virar hacia el centro, con Álvaro Uribe, Alan García, Oscar Arias y Felipe Calderón al volante. De golpe y porrazo, por esas cosas que al nuestro le gusta llamar la “geopolítica”, hemos ido a parar al MERCOSUR, con todas sus implicaciones.

Con la firma del protocolo de adhesión, Venezuela se compromete a adoptar el acervo normativo de MERCOSUR y el Arancel Externo Común en menos de cuatro años. También se compromete a alcanzar el libre comercio en un período que, según el país miembro, va desde 2010 a 2013, con el 2014 como límite para aquellos rubros considerados “sensibles” (alimentos, ganadería, agricultura, software, equipos electrónicos y sector automotriz). En menos de 30 días debe conformarse un equipo de trabajo con representantes de los países miembros, que deberá diseñar antes de seis meses un cronograma que garantice la convergencia gradual de Venezuela en los lapsos establecidos.

Con esa adhesión también se suscriben de forma implícita los principios contemplados en el preámbulo de la primera versión del tratado, entre los cuales se encuentra “la coordinación de políticas macro-económicas y sectoriales, en materia de: comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaría y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre esos países”.

Es verdad que nuestra incorporación a MERCOSUR, un mercado de más de 260 millones de consumidores, representa una oportunidad para comenzar la eterna tarea de diversificar nuestra economía más allá del petróleo, aprovechando la eficiencia derivada de la especialización para incrementar nuestro ingreso de forma sostenida. Pero para eso hacen falta actitudes y políticas que uno no alcanza a ver por ninguna parte.

Por un lado, los compromisos de coordinación de política sectorial de MERCOSUR están allí para evitar que los gobiernos protejan de forma excesiva a sus productores. En este sentido, negociar con Venezuela debe ser toda una paradoja. Nuestras empresas se encuentran sometidas a una magnitud de burocracia pública poco usual, que genera altos costos de transacción en los que no incurren nuestras contrapartes.

Por otro lado, la coordinación de la política cambiaria tiene por objeto evitar que los gobiernos caigan en la tentación de devaluar sus monedas para hacer más competitivos a sus productores. Aquí es al revés: Se mantiene un esquema cambiario que promueve la sobre-valuación del bolívar, utilizando la tasa de cambio como herramienta anti-inflacionaria, favoreciendo la entrada de importaciones baratas e inhibiendo la inversión en exportables. El déficit comercial no-petrolero alcanzó el año pasado 15.017 millones de dólares, una cifra sin precedentes. Y todo eso sin MERCOSUR.

Esta vez, sentados en la mesa, estarán Brasil y Argentina, dos colosos que traerán consigo todo su arsenal técnico para tratar de conseguir las condiciones más favorables para sus productores. ¿Qué es lo que va a defender Venezuela en esas negociaciones?

Miguel Ángel Santos